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En esta edición de Mesa Central del día viernes, Iván Valenzuela conversó con Carolina Tohá, Daniel Mansuy y Cristián Bofill, sobre la discusión que se ha dado en torno a la inflación en Chile y cómo las decisiones políticas afectan en ese proceso. Además, ahondaron en el posible proceso de acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. 

Mansuy comenzó la conversación refiriéndose al alza del IPC de septiembre que publicó recientemente el Instituto Nacional de Estadística. En esa línea, el panelista destacó que “el gobierno, sea quien sea, va a tener un problema económico enorme, principalmente, porque la inflación afecta a los más pobres”, agregando que el cuarto retiro del 10% de las AFP solo llega a agravar el tema. 

Por otra parte, Bofill indicó que si se mira un nuevo rescate previsional desde fuera, se puede decir que está condicionado por razones electorales. De esta manera, el periodista señaló que “la inflación es un fenómeno que hace tiempo olvidamos, pero fue uno de los principales factores de desestabilización de los países de América Latina”. Además, “el corto plazo y el electoralismo está dejando esto de lado. Es irresponsable el trato que se le ha dado”, aseveró.

En palabras de Tohá, la política sigue teniendo un poder importante, sin embargo, quienes están al mando no ven las consecuencias de sus actos. Según la cientista política, “se dice que la política ha perdido mucho poder, pero podemos ver que las decisiones que se han tomado tiene un impacto, por ejemplo, en el desfonde del sistema de pensiones”, zanjó. 

Por otra parte, los panelistas comentaron la polémica luego de que La Tercera publicara que la Fiscalía abriría una posible causa penal contra Piñera, todo esto, porque el medio sostiene que el contrato original de compraventa de Dominga no estuvo incluido en la investigación hecha en 2017, algo que el abogado del Mandatario desmintió. 

Aún así, Tohá señaló que, según ella, todo indica que se pasó por alto este tema y no se le dio la relevancia que tiene. Opinión qué compartió Mansuy, quien además agregó que “efectivamente una acusación constitucional es muy extraña, nos desvía de una elección presidencial muy importante, como también, de un proceso constituyente. La atención no se puede centrar en otra cosa”. 

Bofill destacó que para presentar un libelo acusatorio hay un plazo legal de seis meses después de que el Presidente abandona sus labores, recién ahí se pueden investigar los hechos, según detalló. Finalmente, el panelista agregó que, “crear una crisis institucional de este tamaño es francamente insensato”. 




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