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book icon Domingo 13 de marzo de 2022

30 años que debieran avergonzarnos

Carmen Gloria López Carmen Gloria López

Chile fue el último país de Latinoamérica en cumplir con la Convención de Derecho del Niño que el país había firmado en 1990.

Carmen Gloria López

Recién hace siete días fue promulgada la Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. La historia de esta demora parte en el gobierno de Aylwin, cuando en agosto de 1990, el Estado chileno ratificó la Convención de Derechos del Niño, lo que nos obligaba a establecer este sistema de garantías y protección para la infancia.

Varios gobiernos pusieron urgencia, luego la retiraron, y los distintos proyectos se apolillaron en los escritorios del Congreso. La última iniciativa legal entró al Congreso en septiembre de 2015.

¿Por qué nos hemos demorado tanto en un tema que debiera ser transversal como es la protección de la infancia?

Por un lado, varias organizaciones civiles – algunas agrupadas en el Bloque por la Infancia - trataron de hacer notar la urgente necesidad del Sistema de Protección Integral que se descuelga de esta ley. Por el otro lado, organizaciones religiosas –mayormente de iglesias evangélicas -, y otros grupos conservadores, se oponían a un cuerpo legal que percibían como una intromisión en la crianza de sus hijos y un debilitamiento de la familia. También intentaron bloquear el mandato de una educación sexual integral, mencionada en el proyecto, y veían con temor todo lo relacionado con el derecho de participación de niños y niñas, el concepto de autonomía progresiva, y, además, que según ellos no quedaba claro el deber preferente de los padres de educar a sus hijos.

Otros temían comprometer recursos que no iban a estar disponibles para la implementación del sistema o en caso de que el Estado fuera demandado por no cumplir con estas garantías.

Mientras tanto, pasaron los años y crecieron cientos de niños chilenos con un sistema de protección lleno de medidas inoportunas, ineficientes, masivas, desfinanciadas, bajo los estándares y lo peor de todo, sin articulación entre ellas.

El Sename es el ejemplo más trágico de esto. Al no existir un plan integral, cualquier intento de protección se quedaba cojo. Por ejemplo, para evitar a un niño del daño que le hacía vivir con padres con problemas de adicción, el Sename necesitaba ingresar a sus progenitores a algún programa de rehabilitación y asegurar su acceso a salud mental constante. Pero ante la ausencia de un sistema integrado de protección, el organismo no tenía potestad alguna sobre la atención mental de adultos. No estaba clara la responsabilidad ni el mandato para nuestras instituciones. Menores de regiones terminaron siendo trasladados a residencias sobrepobladas en la capital, porque ni en Calama ni en Punta Arenas, por ejemplo, existían los programas necesarios.

Fuimos viendo en los noticieros las diversas vulneraciones que sufrían niños que se suponía estaban siendo protegidos por el Estado y paralelamente armábamos instituciones que pedía la Convención, pero que sin esta ley no podían cumplir su rol a cabalidad, como la Defensoría de la Niñez.

Es cierto que hemos avanzado en planes de alimentación y salud para los niños y niñas del país, aunque de manera desarticulada y con grandes baches, sobre todo, en salud mental.

Treinta años después, finalmente, tenemos la ley que han esperado muchos. La Ley sobre Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia consagra el reconocimiento de los niños como sujetos de derecho, obliga al Estado a la creación de un sistema de protección integral que significa cobertura territorial, estándares mínimos en los programas y promueve un cambio cultural en la relación de los adultos con la infancia. Este sistema debe: “respetar, promover y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños, niñas y adolescentes, hasta el máximo de los recursos de los que pueda disponer el Estado”.

La ley aprobada deja establecido que la crianza corresponde “preferentemente a los padres y madres”, “quienes deben recibir la asistencia y protección necesaria por parte del Estado” para el cumplimiento de esta tarea.

La ley es de alcance universal, es decir, lo que garantiza es para todos los niños, niñas y adolescentes del país. Entre ellos, el derecho a no ser discriminados, su derecho a la identidad y su derecho a una educación que incluye la educación sexual y afectiva integral. Quizás su aspecto más revolucionario, en términos culturales, es que exige considerar la opinión de los niños y sus derechos ciudadanos. Esto significa el deber de la familia y el Estado de estar atentos a las necesidades de estos habitantes desde la primera vez que los vemos.

El próximo desafío del Estado es completar la instalación del sistema que garantice un piso de protección social sensible a la niñez, como política integral y sistémica para superar la pobreza y la vulnerabilidad infantil. Este sistema de protección integral involucra a todos los poderes del Estado. Lo bueno es que muchas partes ya existen: Chile Crece Contigo, Mejor Niñez, La Defensoría, las Oficinas Locales de la niñez.

El gobierno entrante ya está trabajando en este tema y ha declarado que será prioritario. El Ministerio de Desarrollo Social y de Justicia se han reunido y han expresado la urgencia de avanzar con el plan.

Faltan ajustes a algunas leyes, pero muy pronto, niñas, niños y adolescentes chilenos podrán exigir que se cumplan estas garantías y demandar al Estado si no lo hace. Ya no vale preocuparse de los niños “en la medida de lo posible”. Si lo hacemos bien, si solo cumplimos la ley, cada vez menos niños, niñas y adolescentes debieran requerir protección especializada. Más vale tarde que nunca y ojalá que esta vez haber sido los últimos signifique que seamos los primeros.

Carmen Gloria López