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book icon Domingo 3 de abril de 2022

Chile camina a un cambio revolucionario en igualdad de género

Carmen Gloria López Carmen Gloria López

El primer paso lo dio la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención al aprobar las normas sobre derecho al cuidado y reconocimiento del trabajo doméstico.

Carmen Gloria López

Hablamos mucho de crecimiento económico y productividad, elementos que son indispensables para que un país tenga los recursos que necesita para financiar variados derechos sociales. Olvidamos, eso sí, que el funcionamiento de ese sistema económico está apoyado en miles de personas que cuidan a otros de manera gratuita, a veces en condiciones precarias o con un alto costo personal.

Cuidar a otro es preocuparse del bienestar físico, emocional y síquico de otra persona. También incluye tareas esenciales para el sostenimiento de la vida como la alimentación, limpieza, acompañamiento y la crianza. Aunque esta tarea es esencial, se hace invisible cuando hablamos del desarrollo del país. Y eso que todos hemos necesitado ser cuidados en algún momento de nuestra vida. Tal vez porque lo hacemos con cariño no medimos su valor económico.

Me refiero a madres que cuidan a hijos, hermanas que se hacen cargo de sus hermanos, abuelas que cuidan a sus nietos o a un hijo enfermo, hijas que dejan el mundo laboral porque deben hacerse cargo de un adulto mayor.

Uso el femenino a propósito, porque el 71 por ciento de este trabajo gratuito, aún es realizado por mujeres en condiciones que muchas veces tienen graves consecuencias para su autonomía e independencia futura. Un 95,8% de las madres en Chile hacen de cuidadoras principales de sus hijos o hijas (en comparación a un 1,4% de los padres), y alrededor de un 80% de las personas mayores con dependencia tienen como cuidadora a una mujer.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, el 68,8% del trabajo de cuidados no remunerado es realizado por mujeres. En promedio, ellas destinan 5,9 horas diarias a estas labores, ellos 2,7.

Un estudio realizado por Comunidad Mujer calculó el costo económico de este trabajo si el país tuviera que pagarlo. Descubrieron que el trabajo doméstico y de cuidado de otros equivale al 22% del PIB ampliado, lo que supera la contribución de todas las otras ramas de la actividad económica. Y aún más impresionante: del total de horas de trabajo productivo en Chile, 53 por ciento corresponde a trabajo doméstico y de cuidado.

Por eso es tan relevante el paso que dio esta semana la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención. Si se consagra en la Constitución el derecho a los cuidados y se implementa un Sistema General de Cuidados, podría desatarse al fin, según muchas organizaciones feministas, el principal nudo para conseguir la igualdad de género. 

Para reducir esta brecha, el Derecho Internacional promueve el denominado “marco de la triple R”: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidado. Y hacia allá apuntan las normas aprobadas por la comisión. Reconocerlo es medirlo y valorizarlo. Reducirlo significa disminuir el tiempo dedicado a eso, a través de infraestructura y servicios de cuidados de calidad. Redistribuirlo significa cambiar la manera en que se reparte según género, pero también entre los hogares y la sociedad. 

Una de las iniciativas aprobadas fue promovida por 34 constituyentes y reconoce el trabajo doméstico como indispensable para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad; considera el trabajo doméstico como una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y que debe ser considerado en las políticas públicas. Y exige, para las personas que lo realizan, los derechos laborales consagrados en las leyes. 

Otra de las normas aprobadas en esta primera instancia fue promovida por Comunidad Mujer y el Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado. Al igual que la iniciativa de las constituyentes, el articulado aprobado mandata al Estado ”a crear un Sistema Nacional de Cuidado de carácter integral, universal, accesible, suficiente, interseccional y con pertinencia cultural que articulará prestaciones y promoverá la corresponsabilidad al interior de la comunidad”.

En castellano simple, la idea es que de manera progresiva se articulen y coordinen subsidios, bonos y servicios existentes en el Estado hoy, se mejoren sus estándares y se agreguen nuevos servicios. Por ejemplo, que existan centros ambulatorios de calidad para los adultos mayores que ayuden a prolongar su autonomía e independencia y permitan a sus cuidadores tener una actividad laboral y horas de descanso. Hoy existen en Chile fundaciones que hacen este trabajo, o residencias de alto costo que dejan a un enorme segmento de la población sin alternativa de cuidado para sus adultos mayores. Normalmente mujeres que deben abandonar su trayectoria laboral. Este sistema debiera considerar también jornadas laborales compatibles con los horarios de jardines infantiles y colegios, o actividades de cuidado extendidas en esos establecimientos.  

En el mundo hay diversos mecanismos que intentan reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado. Desde transferencias monetarias directas para cuidadores informales, como en España y Francia; créditos por cuidados en sistema de pensiones, hasta sistemas institucionales de cuidado, como el uruguayo.

Al quedar reconocido el trabajo doméstico y garantizado el cuidado en la Constitución, el tema se transformaría en una política permanente de Estado y la mirada sobre él ya no dependería de la sensibilidad específica de un gobierno de turno. Pero, como sabemos, este es recién el primer paso de un largo camino constituyente. La buena noticia es que al menos vemos que existe y empezamos a entender su relevancia.

Carmen Gloria López