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book icon Domingo 17 de abril de 2022

El desconocido poder de la Comisión de Transición

Este grupo de convencionales definirá cuándo y cómo se aplicarán las normas que van a custodiar la nueva Constitución, en el caso de ser aprobada. Además, el mundo político deposita en esta instancia -y no en la Comisión de Armonización- su esperanza de modificar normas que, a su juicio, quedaron mal elaboradas.

Andrea Vial

Los temores de algunos y algunas, respecto del borrador de una nueva Constitución demasiado refundacional, rondan en la sede capitalina del Congreso. Y la esperanza de atenuar el nerviosismo está puesta en la discusión en dos instancias clave de la Convención Constitucional: Las comisiones de Armonización y la de los artículos transitorios.

La primera empieza a trabajar en un mes más, en Antofagasta. Paralelamente, estará en marcha una Comisión especial para que proponga los artículos transitorios. Esa es la idea propuesta por la mesa y que debe discutirse esta semana.

La Comisión de Armonización, que estará compuesta por 40 convencionales, tiene 5 funciones básicas: velar por la concordancia del texto, elaborar informes sobre posibles incongruencias, proponer los arreglos, revisar las deficiencias de técnica legislativa, corregir problemas gramaticales y de estilo, y sugerir al Pleno el orden del texto. Por ejemplo, cuál es el capítulo uno y la disposición de los artículos que lo acompañan.

Lo que no puede hacer es alterar, modificar o reemplazar una norma aprobada. Eso está clarito en el reglamento.

Pero entre algunos convencionales anda dando vueltas la idea de modificar el reglamento de la Convención para darle más atribuciones a la Comisión de Armonización. Que tenga la facultad de eliminar o borrar algunas normas, entre otras. Es difícil que esa posibilidad llegue a puerto. Se necesitan 77 votos para incorporar algo nuevo en el reglamento. Por lo tanto, la Comisión, a lo más, podrá podar cierta maleza que quedó dando vueltas, y de forma muy acotada.

Pero entre algunos convencionales anda dando vueltas la idea de modificar el reglamento de la Convención para darle más atribuciones a la Comisión de Armonización.

Un ejemplo para ilustrar de lo que sí podrá hacer: miremos lo que ocurrió en la Comisión de Régimen Político. Allí se aprobó una norma que dice que las leyes solo ingresan a través del Congreso de Diputadas y Diputados. Pero en la Comisión de Forma de Estado se adoptó una que dice otra cosa: las leyes ingresan por las Asambleas Regionales. Esto claramente es una contradicción de contenido y será Armonización quien proponga al Pleno, quien deberá decidir por 2/3, en qué lugar deja instalada esa norma.

Donde sí hay más espacio para el juego político es en la Comisión de Artículos Transitorios (o Comisión de Transición), porque ahí se fijan los plazos y la forma de cómo se va a ir instalando la nueva Constitución, en el caso de ser aprobada.

La propuesta es que en esta Comisión participen 33 convencionales, de los cuales 4 corresponderán a escaños reservados de pueblos originarios. Y, al igual que el camino que sigue toda propuesta en la Convención, una vez elaborado el informe, se va al Pleno para votarse.



¿Qué se juega aquí? Mucho. Por ejemplo, si las autoridades electas cesan en su cargo una vez que se apruebe la Constitución o al final de su período. Probablemente, la norma permitirá cumplir con el mandato popular, pero ¿qué ocurre si una institución se elimina? Será la norma transitoria acordada la que deberá explicitar cómo transcurre ese derrotero hacia un Estado Regional.

Dejar poco o mucho espacio de tiempo, para que se instalen las nuevas normas, es una decisión de los convencionales. Algunas obligaciones tendrán efecto inmediato. Por ejemplo, el mecanismo de cómo se reforma la propia Constitución, pero los cambios que obligan otras normas, está claro que tendrán un tránsito más pausado. No se pueden instalar de un día para otro, y eso permitiría hacer modificaciones post aprobación del proyecto de nueva Carta Magna.

Supongamos que la norma transitoria que establece que el Senado, institución que se eliminó en el actual borrador de la Constitución, debe disolverse en 4 años para dar paso a la Cámara de las Regiones. Podría ocurrir que, en ese periodo, se rediscutiera esta norma y se propusiera una reforma constitucional que devolviera a la Cámara Alta todas sus atribuciones, incluido su nombre. Eso en la teoría.

Sería arriesgada una conducta de esa naturaleza. Iría en contra de la voluntad del pueblo si es que gana el “apruebo”, pero de que existe la posibilidad, existe. Salvo que en las normas transitorias se especifique que, si el parlamento quiere modificar algo de la Constitución, deberá consultar a la ciudadanía a través de un plebiscito.

Todas estas combinaciones son posibles, por eso se prevé que la discusión de las normas transitorias será tan intensa como el resto de las reglas aprobadas en el borrador de la nueva Constitución.

Andrea Vial