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book icon Domingo 16 de octubre de 2022

¿Existe realmente el Derecho al Olvido en las redes sociales?

Pilar Rodríguez Pilar Rodríguez

No importa cuándo ni cómo lo dijo. Tampoco si borró los rastros. Basta que alguien reflote una opinión o un tuit desde las catacumbas de las redes sociales, para echar abajo una designación o un cargo público. Es la tiranía de la exposición, cuando la inmediatez y el fragor de una discusión digital pueden causar estragos, poniendo en jaque derechos esenciales de las personas.

Pílar Rodríguez

Nunca mejor traída a colación la atribuida frase aristotélica: el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Podríamos agregar: y si quedan escritas en un tuit, más aún. Bien lo saben los personajes públicos que han visto derrumbarse en cosa de minutos u horas, la opción de convertirse en ministro de Estado o subsecretario de una cartera relevante de gobierno, cuando alguien -con evidente intencionalidad- reflota dichos que parecían eliminados de la faz de Twitter.

El caso más reciente atañe al director del Metro, Nicolás Valenzuela Levi, a propósito de un tuit suyo publicado el mismo 18 de octubre de 2019, que decía: “evadir, no pagar, otra forma de luchar. #Evasiónmasiva”. Una controversia que ha escalado hasta niveles insospechados, al punto que la oposición ha condicionado la aprobación de la partida presupuestaria de Transportes, a su salida del Metro, argumentando que esos dichos están directamente relacionados con la esencia de su cargo.

Valenzuela había borrado este tuit de su historial, sin embargo; alguien lo reflotó y se desató la tormenta. La pregunta de fondo es si las personas tenemos derecho a borrar de los foros digitales pronunciamientos anteriores y si es pertinente reflotarlos en los medios de información, cuando el asunto se considera relevante.

En jerga leguleya, podríamos tomar prestado el término Derecho al Olvido, que en realidad se aplica a otros temas, pero que podría invocarse en estos casos. Es decir, considerar que la persona es dueña de sus datos personales y, por extensión, de lo que haya opinado a través de las redes sociales en boga, principalmente Facebook y Twitter. Por lo tanto, si decide borrar sus tuits históricos, por conveniencia o la razón que sea, nadie tenga derecho a reflotarlos.

Eliana Rozas, Directora de Docencia de la Facultad de Comunicaciones de la UC, considera que las publicaciones históricas en redes sociales son una herramienta valiosa para escudriñar en la trayectoria de una persona que aspira a un cargo público y, en ese sentido, podría revestir interés sacarlos a la luz. Sin embargo, aporta dos elementos que debieran tenerse en cuenta, en los medios de comunicación: “La temporalidad y su contexto son importantes, especialmente si los dichos se remontan a la etapa de la adolescencia en que la persona está experimentando una definición acerca de sus convicciones y eso pudiera cambiar en el tiempo; además, considero necesario que los medios confronten a la persona frente a sus dichos, antes de publicar o reflotar tuits antiguos, porque esa persona tiene derecho a entregar los argumentos que expliquen sus opiniones”.

Algunos utilizan el término “arqueología digital” para referirse a esta tendencia -a veces obsesiva- por rebuscar en los rincones más recónditos de las comunidades opinantes, algún pronunciamiento que pueda poner en jaque al personaje en cuestión. De hecho, existen sitios y aplicaciones que entran y salen del mercado, que ofrecen justamente este servicio, bien para ayudar a eliminar mensajes, bien para pesquisar dichos que parecían olvidados.

Entre ellos, Politwoops, un servicio de transparencia que informa sobre los tweets que han borrado políticos de 54 países del mundo. En 2017 publicó un ranking de distintos países, entre ellos Chile, con los políticos que más tuits borraban. Según este seguimiento, el entonces diputado y hoy senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, era quien más tuits había borrado. En términos generales, la publicación concluía que uno de cada 23 mensajes es borrado por los dirigentes políticos. En su minuto, la empresa Twitter le quitó el acceso a su interfaz, por considerar que los usuarios tenían derecho a expresarse libremente sin que fueran objeto permanente de registro.

En Chile no hemos avanzado a la velocidad de las redes sociales, en términos legales para proteger los derechos en este sentido. Tenemos una ley de Protección de Datos, que en realidad apunta más bien a proteger a los ciudadanos en el uso de sus antecedentes personales con fines comerciales o de otro tipo. Pero no hay alusión a estos casos que hemos revisado.

En la Unión Europea y otras legislaciones más avanzadas, se ha consagrado más extensivamente el llamado Derecho al Olvido, en redes sociales tan populares como Facebook, Instagram, Twitter o Tik Tok. Así, se permite a los usuarios solicitar que sus datos personales y publicaciones desaparezcan de las redes sociales a su simple solicitud, ejerciendo un verdadero control sobre sus propios datos personales.

En Chile, lo que sí está en aplicación es la posibilidad de solicitar ante la Corte de Apelaciones, que los motores de búsqueda en internet, como Google, por ejemplo, eliminen la asociación directa de una persona con determinada información. Es decir, que al momento de “googlear” el nombre, no aparezcan noticias o se redirija a un sitio que contenga información sensible para la persona, por ejemplo, estar asociado a un delito, cuando la persona ha cumplido cabalmente su condena.

Como toda herramienta digital, poderosa en sí misma, las redes sociales tienen luces y sombras. Es indudable que ofrecen una vitrina inmejorable para difundir opiniones con alcance incluso mundial; sin embargo, eso lleva aparejado una suerte de esclavitud, en el sentido que borrar un tuit o un mensaje en Facebook no garantiza que desaparezca del todo. Y aun cuando no se pudiera reflotar mensajes antiguos, siempre existe el inefable pantallazo. Ese sí, no perdona las metidas de pata o dichos inadecuados.

Pilar Rodríguez