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book icon Domingo 27 de marzo de 2022

La gran paradoja de la Convención

Andrea Vial Andrea Vial

Ninguna de las normas discutidas hasta ahora fue demandada por quienes protestaron en el 2019. Al contrario, las peticiones grabadas en los carteles recién serán vistas semanas antes del final del plazo.

Andrea Vial

En las grandes marchas de octubre del 2019, aquellas miles de personas en las calles de las distintas ciudades de Chile, portaban muchos carteles que explicaban los motivos que llevaban a unos y otros para salir a protestar. Revisando esas demandas, es imposible encontrar algún letrero que diga “Voy por un sistema unicameral” o “Abajo el poder judicial”.

Nada de eso estaba en el consciente ciudadano. Las razones para salir a la calle obedecían a un reclamo por derechos sociales que no se consideraban correctamente garantizados en la Constitución Política.

Y así se leía: “Abuela, marcho por ti, por esa pensión digna que nunca tuviste” o “El CAE me tiene tan endeudado, que no les conviene dispararme”. Una señora en sus avanzados 80, reclamaba: “AFP estima que viva 110 años, creerán que soy Lucía Hiriart” o “Por ti mamita, que te llamaron a operarte cuando te estábamos velando”. Incluso cuestiones más generales, como “Estamos como en Venezuela, pero con menos poto”.

Las encuestas también revelaban cuáles eran las esperanzas de la ciudadanía y siempre estaban, entre las respuestas mayoritarias, educación, agua, vivienda, salud y pensiones dignas.

Pero nada de eso se ha revisado todavía en el pleno de la Convención. Todo ese bloque de normas, las que corresponden a los derechos sociales, entrará a la pelea a finales de abril, muy cerca de la fecha de cierre de los plazos para la discusión.

La Comisión de Derechos Fundamentales es la responsable de proponer las normas de derechos sociales. Pero a la vez es la comisión más atorada de trabajo y cuando tuvieron que decidir cuál sería el cronograma para ordenar las iniciativas, optaron por partir por aquellos derechos que tienen que ver con la libertad de conciencia, de opinión, de información, prensa, seguridad individual, identidad individual, inviolabilidad del hogar, derechos sexuales, de propiedad, incluidos los de los pueblos y naciones indígenas, derecho a la vida y la integridad física y psíquica, entre otros.

Incluso, antes que la discusión de los derechos sociales, estarán las normas del debido proceso, algo que no todos los expertos consideran adecuado, dado lo limitado del tiempo y porque esas garantías ya están presentes en los tratados internacionales que Chile ha firmado y por lo tanto obligan al Estado a cumplirlas.

¿Cómo se podría apurar la discusión para entrar con más profundidad a las normas de derechos sociales? En parte traspasando algunas iniciativas a otras comisiones -por ejemplo, las de debido proceso a la Comisión de Sistemas de Justicia, algo que se está pensando- y, más importante aún, poniendo un especial énfasis en la discusión al interior de la comisión para llegar a acuerdos antes de ir al pleno y así no arriesgarse a que te manden con todo de vuelta para la casa.

Ya no queda tiempo para esos periplos. El problema es que las normas referidas a derechos sociales no son muy fáciles de consensuar, apuntan al ADN del sistema económico social que rige al país y de no llegar a acuerdo, la frustración puede ser muy peligrosa, mucho más a que si tenemos un presidente o una presidenta con vicepresidente o si los jueces jubilan a los 70 o 75 años.

La pregunta que flota es cuánta más adhesión ciudadana habría logrado la Convención, si se hubiesen discutido primero las normas que más le interesan a la gente, aquellas por las que salieron a protestar esos miles de personas que solicitaban en una frase escrita en un cartel, con una redacción simple y directa, lo que mayoritariamente querían cambiar en la Constitución.

Andrea Vial