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book icon Domingo 10 de abril de 2022

Los años en que Chile tuvo Juzgados de Indios

Carmen Gloria López Carmen Gloria López

Existieron hasta 1972. ¿De qué se trataban? ¿Tienen algo que ver con el pluralismo jurídico del que habla la Convención? ¿Los recuerdos son buenos o malos?

Carmen Gloria López

El 3 de marzo la Convención Constitucional aprobó en pleno incorporar la idea del pluralismo jurídico. El artículo que ya está en el borrador de la nueva Carta Magna, dice que el “Estado reconoce los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia”. El artículo además establece que esos sistemas deben respetar la Constitución de Chile, los tratados internacionales y los derechos humanos.

Se alzaron varias voces reclamando que esto violaba la igualdad ante la ley, varias otras respondieron que esto solo la acentuaba. Yo recordé a un tío abuelo que había sido Juez de Indios (así se llamaba el cargo) en Pitrufquén, y confieso que por primera vez me pregunté por el objeto de su trabajo. ¿Tuvimos antes una justicia especial para los mapuche?

No fue fácil el reporteo, hasta que di con Danko Jaccard, abogado y académico de la Universidad de La Frontera, magíster en etnicidad, doctor en derecho público de la Universidad de Salamanca y autor del libro “Juez de Indios: Historia y memoria de la división de comunidades 1927-1967”. Jaccard revisó cientos de documentos y recogió testimonios sobre esta experiencia en La Frontera o La Araucanía y más al sur. Una etapa que él califica de muy dura y difícil para el pueblo mapuche.

De alguna manera, la historia de los Juzgados de Indios parte en 1864. Luego de la ocupación de La Araucanía, el Estado empezó a repartir títulos de propiedad colectivos, llamados Títulos de Merced, entre algunas comunidades mapuche. Hay que recordar que la naciente República de Chile limitaba al sur con el Bío Bío. La última región en incorporarse fue La Araucanía, y la última ciudad refundada fue Villarrica en 1883.

Estos Títulos de Merced fueron entregados por el Estado de Chile a través de la Comisión Radicadora de Indígenas, y consistían en títulos de propiedad colectiva reconocidos a los caciques y su familia extendida, luego de comprobar ocupación regular y continua de terrenos que podían tener entre 300 a mil hectáreas. Este período se cierra en 1929, dando por reconocida la propiedad de unas 500 mil hectáreas, lo que equivale al 10% del territorio que tenía la población mapuche, antes de la ocupación militar de La Araucanía.

Paralelamente, a comienzos del siglo XX, empieza a instalarse en el mundo legislativo chileno, la idea de que la pobreza de la zona se debía a estas propiedades colectivas y no individuales. Esa creencia, junto a factores como la real falta de acceso a crédito de parte de los indígenas, que eran comuneros de un título colectivo (a veces, había 500 propietarios de un fundo), y las discusiones entre comunidades, generaron que algunas organizaciones mapuche presionaran al gobierno chileno para que dividiera los títulos y estableciera entregas individuales. Uno de estos movimientos, liderado por Manuel Manquilef, termina en la promulgación de la primera ley que crea los Juzgados de Indios en 1927.

Los Juzgados de Indios eran una institución muy novedosa a principios del siglo XX, pues no existían otros tribunales especiales. Además, tenían una judicatura que solo se aplicaba en una zona del país y solo entre personas mapuche. Sus funciones eran conocer cuestiones sobre estado civil, derechos hereditarios, y sobre toda cuestión que se suscite en el juicio de partición y temas ligados al manejo de tierras. Según la Ley Nº 4.802, los Jueces de Indios tenían facultades arbitradoras para tramitación y fallo. En un principio, dependían del Poder Ejecutivo.

El primer Juez de Indios fue literalmente uno solo y avanzó poco. En 1930, se agregaron cinco juzgados, pero el avance siguió siendo lento. Jorge Alessandri decidió incorporar estos organismos al Poder Judicial. Promulga en 1960 la Ley Nº 14.511: los Jueces de Indios dejaron de ser miembros del Poder Ejecutivo y tenían que ser abogados.

Esta es la etapa más productiva de los Tribunales de Indios, y así y todo logra dividir aproximadamente un 30% de los títulos. O sea, de tres mil Títulos de Merced, solo se dividen mil.

Es Allende quien terminó con los Jueces de Indios en 1972 en medio de la Reforma Agraria. Con la Ley Nº 17.722 traspasó estas funciones a los juzgados civiles, terminando para siempre con esta judicatura especial.

¿Qué pasó con los Títulos de Merced pendientes? La división final y la liquidación de comunidades mapuche ocurre durante la dictadura militar. En 1993, el 99% de los Títulos de Merced ya habían sido transformados en propiedad individual. Y de las 500 mil hectáreas que se habían dejado a las comunidades mapuche, solo quedaban 350 mil en sus manos. El tema no es parte del pasado. Hace un mes la Contraloría tomó razón de las bases administrativas y técnicas para licitar un nuevo “catastro de Títulos de Merced”.

Lo que hoy se discute en la Convención Constituyente es muy distinto a esos Jueces de Indios. De partida, se reconoce el sistema judicial de los pueblos originarios y se instala el concepto de pluralismo jurídico; es decir, que bajo un espacio geográfico definido por los límites convencionales de una nación-estado, hay más de un sistema legal. No creo que veremos tribunales. Como decía el senador Huenchumilla en una columna: “Un tribunal, a la usanza chilena, es un concepto ajeno al sistema normativo mapuche”.

Nada de lo que venga debiera parecerse al antiguo y poco recordado Juez de Indios, y ojalá tampoco a la fractura de esa época de la que aún escuchamos los ecos.

Carmen Gloria López