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book icon Domingo 9 de octubre de 2022

Los detalles del plan del gobierno para enfrentar los incidentes estudiantiles

Paula Comandari Paula Comandari

En una reunión de emergencia en La Moneda -el jueves pasado- se detalló la estrategia para atajar los ataques violentos que han perpetrado un grupo de estudiantes en los liceos emblemáticos. El plan tiene tres hilos clave, los que aquí se detallan.

Paula Comandari

B.B.A.G, el estudiante del Liceo de Aplicación que en mayo pasado fue detenido en flagrancia quemando un bus en la Alameda, vestido con overol blanco, fue condenado por el delito de incendio a 365 días de libertad asistida, con plan de intervención individual.

Como él, son varias decenas de jóvenes que han estado en el ojo del huracán las últimas semanas por perpetrar desórdenes y actos de violencia. Algunos obtienen condena (bajas, porque son menores de edad), pero varios de ellos quedan en libertad por no tener antecedentes previos, o porque las pruebas no son lo suficientemente contundentes.

Se trata de un problema “histórico”, pero que en los últimos días se ha exacerbado con el ataque de un grupo de jóvenes, tres días consecutivos, a la División de Ingenieros del Ejército, que denuncia 67 ataques durante el año y varios heridos.

Por estos desmanes protagonizados por alumnos del Liceo de Aplicación y el Internado Barros Arana en el centro de Santiago, el Ministerio del Interior presentó dos querellas. Cuestión que, dicen en Palacio, será la tónica de ahora en adelante: quieren reducir lo que ellos llaman una especie de tolerancia a la impunidad que ha ganado terreno en Chile.

Es un tema que desvela a la titular de Interior, Carolina Tohá, quien vivió este tipo de incidentes mientras era alcaldesa de Santiago. Por lo mismo, a sólo un mes de arribar al ministerio ha tomado cartas en el asunto para generar una coordinación formal y concreta.

Con ese fin, convocó a una serie de autoridades involucradas en el conflicto para diseñar un plan integral que intenta poner freno a estos hechos que, cabe decir, tienen en vilo a la educación pública. Así, el jueves 6 de octubre, Tohá junto al subsecretario Manuel Monsalve, se reunió en La Moneda, con el jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, Enrique Monrás; el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila; la delegada, Constanza Martínez, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler y los rectores del INBA y el Instituto Nacional en donde discutieron la estrategia en detalle.

La iniciativa contempla 3 hilos estratégicos. El primero, hacer frente a las reales demandas estudiantiles que tienen que ver con la necesidad de mejorar la calidad de la educación y de los profesores, pero sobre todo mejorar la infraestructura, un acometido que liderará Educación, y que se enfocará en, según los llaman desde el Ejecutivo, liceos históricos que están ubicados en Santiago.

La idea, explican fuentes de gobierno, es igualar las condiciones que tienen varios otros establecimientos, donde se han concretado inversiones importantes. Sobre todo en los colegios en regiones. Para el 2023, el proyecto de Presupuesto considera $155 mil millones para infraestructura de establecimientos públicos, lo que representa un aumento de 4,5% respecto del Erario 2022. Esto, en opinión de expertos, es un esfuerzo, aunque no lo suficientemente ambicioso.

“Es mejor que nada, aunque sigue siendo poco. Son 160 millones de dólares, lo que representa $4.200 pesos por alumno. Por lo que el problema urgente no está ahí, sino que en la recuperación de los aprendizajes”, dice Ignacio Briones, exministro de Hacienda y “obsesivo” por el tema educacional.

Dentro de las metas del Ejecutivo está la idea de ofrecer jornada escolar completa y única, que hoy no existe en este tipo de establecimientos porque hay dificultades de espacio. Además, en Palacio dicen que, en la misma línea de avanzar en calidad, buscarán adaptar currículos a las nuevas condiciones de algunos centros educativos, como el Instituto Nacional, que al no seleccionar a sus estudiantes, ahora recibe a alumnas que requieren reforzamientos.

El segundo hilo estratégico establece que el Municipio de Santiago deberá hacer un trabajo con las comunidades educativas: estudiantes, apoderados, asistentes de educación y profesores, entre otros, para evaluar en conjunto la mejor fórmula para atajar los hechos violentos. ¿El diagnóstico? Hay que poner freno a la dinámica de un grupo reducido de estudiantes que opera bajo la violencia para conseguir sus objetivos, o que se une a un grupo de violentistas para intentar satisfacer sus demandas, precisamente atendiendo a esas solicitudes.

En La Moneda recalcan que a problemas complejos, como el robo de madera en el sur, la idea es replicar esa misma mesa de trabajo con todos los actores involucrados, de manera que la solución “no venga desde arriba”, sino que provenga desde quienes se enfrentan al dilema educacional. Con metas y plazos.

El tercer hilo está en manos de Interior, donde afirman que la delegada presidencial, Constanza Martínez, jugará un rol crucial. El foco estará puesto en hacer seguimiento a las causas que llegan a la Fiscalía y cómo se resuelven las querellas presentadas por el Ejecutivo. Con este fin, contratarán un pool de abogados que realice el seguimiento, sobre todo porque en el gobierno existe la sensación de que muchas de las querellas que llegan a la Fiscalía quedan sencillamente en nada.

El comandante de la División de Ingenieros del Ejército, general Jean Pierre Irribarra, dice que han realizado un seguimiento a las denuncias y que de las 32 que han presentado, seis están abiertas y el resto archivadas, algo que en opinión del Ministerio Público, tiene que ver con la inhibición de Carabineros para actuar en estos casos. Un fiscal acota que la policía, por ley, tiene que intervenir, entrar a los colegios y conseguir pruebas contundentes, pero para que eso ocurra es necesario que se genere un respaldo político transversal, algo que aún está al debe.

Paula Comandari