Click acá para ir directamente al contenido

book icon Domingo 27 de marzo de 2022

Qué esperar de los alegatos por el Silala

Paz Zárate Paz Zárate

Chile y Bolivia vuelven el viernes a La Haya, esta vez por el río Silala. El núcleo del enfrentamiento es cómo ambos países pueden hacer un buen uso de sus aguas, aspecto relevante en medio de la emergencia climática.

Paz Zárate, abogada experta en Derecho Internacional.

Nos hemos pasado 15 años litigando con dos países vecinos ante la Corte Internacional de Justicia. Y en este período, de vez en cuando han aparecido en la prensa algunas notas de corte sensacionalista sobre el costo de la defensa de Chile en estos procedimientos, con la natural reacción de escándalo y comentario irreflexivo acerca de que esto es una pérdida de tiempo y plata, habiendo “otras formas de solucionar problemas”.

La guerra que concentra la atención del mundo en este último mes, sin embargo, es un recordatorio de cuál es la otra vía para solucionar controversias entre Estados, y el costo de la misma. Ante eso, bendita es la posibilidad de entendernos con abogados y diplomáticos que escuchan argumentos jurídicos sobre dónde deben trazarse líneas de frontera entre el país A y B, y otras cuestiones por el estilo.

Los casos por delimitación marítima entre Perú y Chile (donde Perú obtuvo una victoria parcial) y el de la supuesta obligación de negociar entre Bolivia y Chile (donde tuvimos una victoria total) concentraron a nuestros países por más de una década. A éstos se agregó, hace seis años, la demanda de Chile ante el mismo tribunal por el río Silala, a la que siguió una demanda de la propia Bolivia sobre el mismo río. El tema esta vez no concierne un eventual trazado de límites, sino cómo los vecinos deben usar un recurso natural que atraviesa una frontera. Y en un momento de emergencia climática global, pocos recursos pueden ser más valiosos que un pequeño río que surca el desierto más árido del mundo.

A quienes temen fallos “salomónicos”, hay que recordarles que en este caso ya ha existido un allanamiento de Bolivia a la petición principal de Chile, de que se declare que este río es internacional. La discusión real, por tanto, ha reducido su enfoque y versará, esencialmente, sobre en qué consiste el uso razonable y equitativo de las aguas. Dicho principio significa que los países ribereños tienen derecho a usar las aguas, la obligación de considerar las necesidades del otro en ese uso, y al mismo tiempo algunos deberes para conservarlo.

La posición de Bolivia, en el detalle, ha sufrido alteraciones con el correr de los años, pero sigue insertándose en una narrativa donde Chile utilizaría mañosamente este recurso hídrico sin compensar monetariamente a Bolivia. La “maña” correspondería a una canalización rudimentaria, realizada hace casi un siglo con autorización de Bolivia, en su propio territorio, y por un ente privado (no por Chile).

El alegato que veremos no será quizá muy excitante, entonces, cuando los jueces interroguen a hidrólogos y geólogos sobre esta acequia, y la milenaria quebrada donde se inserta. Chile explicará cómo ésta canalización obedece a un esfuerzo hecho para que se pierda menos agua, pero sin alterar el flujo natural que la gradiente del terreno trae a Chile.

La pregunta quizá más interesante sobre este caso es si una vez que tengamos un fallo sobre este río la relación bilateral pueda mejorar. Y la respuesta es: probablemente no. Pero esto no será consecuencia de lo que diga la Corte.

Si la relación con nuestro vecino boliviano es problemática, eso no se debe a la existencia de asuntos pendientes. Chile tiene con Argentina importantes disputas territoriales que aún debemos resolver, pero eso no ha impedido una relación amistosa, sin importar quiénes estén en el gobierno.

El problema de Bolivia es considerar que no es posible siquiera tener relaciones diplomáticas para conversar los temas bilaterales. Es cerrarse en una narrativa de victimización. Es maltratar verbalmente y con regularidad a las autoridades del país del lado sin que se le pueda responder. Es prometerle imposibles a su pueblo. Es usar un mecanismo de Naciones Unidas para efectos de política local, sin tener intención real de respetar lo que ahí se decide.

Es cierto, los jueces de La Haya no podrán decirle al gobierno de Bolivia que cambie de actitud. Sólo los ciudadanos bolivianos pueden hacerlo. Quizá una segunda derrota, afirmada esta vez en la ciencia, sea necesaria para eso.

Atención entonces a las clases de geología e hidrología -en vivo desde Holanda- a las que asistiremos desde el próximo viernes y por un par de semanas.

Paz Zárate