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book icon Domingo 31 de julio de 2022

¿Deberían votar las personas privadas de libertad?

Carmen Gloria López Carmen Gloria López

Este 4 de septiembre, por primera vez en Chile, las personas que están en la cárcel podrán participar en un proceso eleccionario. Y si bien, de acuerdo a datos de la subsecretaría de Justicia, hay 7.176 personas privadas de libertad habilitadas para sufragar, sólo 990 lo harán en el plebiscito de salida.

Carmen Gloria López

La Constitución actual y vigente determina que sólo a aquellas personas que estén acusadas o condenadas por un delito que tenga pena aflictiva, es decir, que deban cumplir más de 3 años y un día en prisión, se les suspende o pierden, respectivamente, su derecho a voto.

Esto ha dejado históricamente entre siete a trece mil personas privadas de libertad fuera de esas categorías. Es decir, hombres y mujeres que, aunque estén en la cárcel, no han perdido legalmente su derecho a voto. Sin embargo, en la práctica, a este grupo no se le ha permitido ejercer ese derecho constitucional.

Para el plebiscito del 4 de septiembre, este panorama cambiará: por primera vez el Servicio Electoral instalará mesas al interior de catorce cárceles del país, donde podrán sufragar hombres y mujeres presos.

Para el plebiscito del 4 de septiembre, este panorama cambiará: por primera vez el Servicio Electoral instalará mesas al interior de catorce cárceles del país, donde podrán sufragar hombres y mujeres presos. El camino para llegar a este punto ha sido largo, lento y ha involucrado a distintos actores: varias organizaciones de la sociedad civil, parlamentarios, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Corte Suprema, entre otros.

Sin embargo, el asunto volvió a ser noticia hace algunas semanas cuando tres diputados de la UDI presentaron un proyecto de reforma constitucional para que las personas privadas de libertad pierdan, por orden judicial, el derecho a voto.

Además de argumentos sobre transparencia y buen funcionamiento del sistema electoral, en los antecedentes del proyecto sus autores señalan que “las autoridades debemos establecer las medidas que sean necesarias para proteger a las personas y poder garantizar la seguridad pública en la población. El hecho de que las personas privadas de libertad puedan ejercer el derecho a voto no hace más que debilitar este deber, pues es una burla que aquellas personas que ponen en riesgo la seguridad pública puedan participar de igual manera en eventos que buscan fortalecer nuestra democracia.”

¿Es esto tan así? ¿Cómo funciona en otros países? ¿Es importante que voten los presos? Y quizás la pregunta que varios y varias se podrían hacer: ¿Les interesa votar a las personas privadas de libertad?

Desde el Servicio Electoral han señalado que, como en cualquier otro local de votación del territorio nacional, serán las mismas personas que conformen las mesas de sufragio quienes serán designadas como vocales de mesa, y que los o las apoderadas serán quienes se acrediten como corresponde y respecto de quienes se tomarán todas las medidas de seguridad pertinentes.

Asimismo, el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, ya dijo que los centros penitenciarios están “plenamente preparados para llevar adelante la votación”, y que ya se encuentran coordinados con Carabineros y las Fuerzas Armadas que estarán en esos recintos el día del plebiscito.

Pero más allá de los detalles técnicos del 4 de septiembre, es interesante revisar la evidencia y la literatura sobre la participación política de quienes están o han estado en contacto con el sistema penitenciario.

Los detractores del voto preso suelen señalar que quienes han infringido la ley, debiesen perder el derecho a participar de las elecciones, apuntando a que las urnas deberían estar reservadas sólo para personas obedientes de la ley, o posean cierta “calidad moral”.

Sin embargo, esto se aleja de la noción de que el voto universal es esencial para el desarrollo y consolidación de un Estado verdaderamente democrático, y que cualquier limitación a este derecho debe tener fundamento no solo legal, sino que también razonable.

¿Hay justificación, entonces, para limitar el voto de quienes están en la cárcel?

La evidencia en esta materia tiende a demostrar que -si bien es poco probable que la influencia del acto de votar por sí solo tenga un resultado determinante en la rehabilitación-, sufragar puede ser una pieza clave para fomentar la participación comunitaria y la reintegración cívica, lo que es vital para la rehabilitación exitosa de quienes pasan por la cárcel.

La evidencia en esta materia tiende a demostrar que (...) sufragar puede ser una pieza clave para fomentar la participación comunitaria y la reintegración cívica, lo que es vital para la rehabilitación exitosa de quienes pasan por la cárcel.

Votar puede al menos atenuar la sensación de estar fuera de la sociedad y, por lo tanto, no tener afecto por la ley que la representa. La prohibición del derecho de acudir a las urnas refuerza la distancia social entre la persona y la comunidad, y los sentimientos de alienación y aislamiento (1).

Por otra parte, uno de los efectos comprobados de la limitación del sufragio son la invisibilización social y política de los problemas que sufren las y los internos. Sin voto, situaciones como el hacinamiento en las cárceles o los planes de reinserción no entran en ningún programa político.

Todo esto sin considerar que, hoy en día, dejar a estos ciudadanos sin votar es una violación de un derecho reconocido en la Constitución vigente y por tratados internacionales. Y no es solamente el derecho a voto el que se ve mermado, también se afecta el derecho de pensamiento y de opinión de quienes se ven imposibilitados de ser parte del sistema democrático, perpetuándose ciclos de segregación de grupos que ya presentan altos índices de exclusión social en distintos ámbitos (salud, educación, acceso a trabajo formal, etc.)

Además, aún no hay ninguna evidencia concreta que demuestre que la privación del derecho a voto rehabilita, incapacita o disuade a quienes infringen la ley. O sea, este “castigo” adicional de privar del derecho a sufragio no tendría, en los hechos, ningún beneficio socialmente deseable. Excepto una sensación punitiva o de venganza por parte de la ciudadanía.

Aún no hay ninguna evidencia concreta que demuestre que la privación del derecho a voto rehabilita, incapacita o disuade a quienes infringen la ley. O sea, este “castigo” adicional de privar del derecho a sufragio no tendría, en los hechos, ningún beneficio socialmente deseable.

La propuesta de nueva Constitución establece en su artículo 30 que “toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad no puede sufrir limitaciones de otros derechos que aquellos estrictamente necesarios para la ejecución de la pena”. Esto se interpreta, en primera instancia, como una ampliación del derecho a voto dentro de las cárceles; aunque, según algunos, leyes dictadas con posterioridad podrían agregar la privación de este derecho como parte de alguna pena específica.

En otros lados, la discusión ya está algo más zanjada. En España, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Alemania, Islandia, Portugal, Suecia, Canadá y Sudáfrica, el derecho a voto se reconoce y ejecuta en distintos niveles y formatos.

Más allá del derecho ciudadano y del deber del Estado de permitir a un ciudadano ejercer el derecho que le reconoce la Constitución… ¿les interesa a los presos votar? La Fundación Red de Acción Carcelaria, junto a Plataforma Telar, encuestan mes a mes a 150 mujeres privadas de libertad en cuatro regiones del país sobre su opinión del proceso constituyente.

En octubre pasado, el 61% de ellas declaró que, de haber podido, hubiesen votado en el plebiscito para una nueva Constitución (plebiscito de entrada) y el 63% dijo que lo hubiera hecho en elección de convencionales. A pesar de eso, esta vez solo un número minoritario votará el 4 de septiembre. De las 14 cárceles elegidas para instalar mesas, solo 990 presos y presas quisieron fijar su domicilio electoral en los recintos penitenciarios donde están. Quizás por miedo, desconocimiento, desinterés y la antigua y peligrosa sensación de no ser parte del sistema.

Esta vez solo un número minoritario votará el 4 de septiembre. De las 14 cárceles elegidas para instalar mesas, solo 990 presos y presas quisieron fijar su domicilio electoral en los recintos penitenciarios donde están. 

Claramente, para avanzar en el camino de concretar este derecho, un obstáculo será convencer a la propia población penal que pueden volver a ser parte de esta sociedad y que votar es un paso para ello.

(1) https://www.ciperchile.cl/2021/12/13/voto-en-las-carceles/

Carmen Gloria López