Esta mañana la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, indicó que se realizó un análisis cuantitativo con respecto a las causas originadas en el denominado Estallido Social.

Las estadísticas de prisiones preventivas consideran, por una parte, delitos de desórdenes públicos, daños a la propiedad privada, robo en lugar habitado y similares para civiles y agentes del estado. Las fechas consideradas en el informe van del 16 de octubre del 2019 al 16 de marzo de 2020 y de las prisiones preventivas dictadas hasta el 11 de diciembre del año pasado.

Según la información entregada, solo 280 imputados cumplen prisión preventiva y 26 de estos lo hacen por delitos relacionados al estallido social. El promedio de tiempo que los imputados civiles pasan en prisión preventiva son 318 días, con un máximo de 420 y un mínimo de 91 días.

El delito con mayor asociación de imputados es de robo en lugar no habitado con un 58% y delito de incendio con peligro para las personas con un 27%, existiendo un promedio de 3 delitos imputados por cada acusado. Desde la Corte Suprema niegan que los fallos tengan una carga política al momento de decretar la medida cautelar.

Por otro lado, 22 funcionarios de orden público fueron condenados a prisión preventiva decretada y solo uno tiene una condena anterior registrada. Los delitos que se les imputan son apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos, detención, destierro o arresto irregular y torturas cometidas por funcionarios públicos, esta última con tres imputados. El promedio de días que pasan con esta medida cautelar es de 232.

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